Desde el Comú de Lleida queremos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que se esté criminalizando el Ayuntamiento de Lleida para la gestión del dispositivo de personas temporeras. Como hemos defendido desde el primer momento, sólo desde la corresponsabilidad de todas las administraciones podremos atender la llegada de personas temporeras como merecen.
Por eso insistimos en la Generalitat y al Estado de la necesidad de que se impliquen y que aporten con urgencia la financiación necesaria para que el operativo de temporeros sea el mejor posible. La infrafinanciación y la complicadísima gestión de la pandemia no nos eximen de responsabilidades: asumimos errores en la gestión de este operativo, unas carencias que estamos intentando resolver y que con la corresponsabilidad de todas las administraciones podremos subsanar de manera más eficiente.
«El resto de instituciones han dejado solo al Ayuntamiento de Lleida para gestionar un dispositivo de altísima complejidad, y a pesar de asumir que tenemos que mejorar el operativo, también hay que añadir que se está acusando a la Paeria de manera injusta, obviando la infrafinanciación por parte del resto de instituciones y el hecho de que no se han implicado en un dispositivo que tiene unas evidentes implicaciones supramunicipales y que nos necesita a todos y todas» ha resumido la concejala del Común y diputada de ECP en la Diputación de Lleida Elena Ferre.
Ferre ha recordado que durante el inicio de la pandemia ya pidieron ayudas directas a los ayuntamientos para afrontar la situación, especialmente grave en ayuntamientos como el de Lleida, con dificultades financieras anteriores a la crisis, una petición que sólo ha contado con respuesta, a pesar de ser del todo insuficiente, por parte de la Diputación. La Paeria ha tenido que costear el coste del operativo de Fira de Lleida, 295.000 euros, con la única aportación de 70.000 euros por parte de la Diputación.
Desde el GM del Comú de Lleida, conjuntamente con el grupo de ECP en la Diputación, hoy hemos enviado una carta pidiendo responsabilidades al delegado territorial de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré, y al subdelegado del gobierno en Lleida, José Crespin. En la misiva pedimos que se ponga fin a cualquier persecución de personas temporeras, y medidas para ayudar a los ayuntamientos en la construcción de alojamientos. También solicitamos medidas de inspección que garanticen el cumplimiento de la ley, así como una regularización extraordinaria para que las personas migradas puedan trabajar con contrato.
