El Comú de Lleida valora positivamente que desde Junts per Catalunya hayan empezado a asumir responsabilidades políticas por las irregularidades y la falta de ética en contrataciones de las concejalías de Urbanismo y Deportes durante 2019 y 2020. Nos reafirmamos con el compromiso con la ética pública y con la transparencia, la participación, la lucha contra la corrupción, el buen gobierno y el código ético en la gestión política, y celebramos que desde el Gobierno de Entesa estemos actuando para hacer realidad los compromisos contraídos con la ciudadanía.
Consideramos muy positivo que la Comisión de la Transparencia haya servido para dar las explicaciones que los grupos municipales deben tener, una información de interés público que desde el Comú de Lleida reclamamos que sea accesible para el conjunto de la población. Damos pleno apoyo, pues, a la propuesta para una mayor transparencia que ha hecho la concejalía de Participación y Lucha contra la Corrupción, solicitando que los informes que se publican en la Comisión de la Transparencia consten como anexo a las actas de la comisión, pasando por el necesario proceso previo de anonimizaron para eliminar cualquier dato personal, una propuesta que se debatirá en la Comisión de la Transparencia del mes de marzo.
Celebramos que haya consenso para hacer realidad, con toda la celeridad posible, que el Ayuntamiento de Lleida se dote de un Código Ético y de conducta para cargos electos y personal eventual, una herramienta que desde nuestro grupo hemos reclamado y que se ha evidenciado del todo necesaria. Por eso nos parece muy positivo que se haya puesto manos a la obra creando un grupo de trabajo que tiene por objetivo llevar una propuesta de Código Ético en el pleno de febrero.
Valoramos también positivamente que se implementen medidas técnicas para garantizar un mayor control de la contratación menor para asegurar que se hace en condiciones de equidad para todos los agentes económicos de la ciudad.
Fruto de las dudas jurídicas planteadas en el último pleno por uno de los grupos de la oposición, ha habido consenso para encomendar un informe jurídico externo de valoración de los hechos, que permita determinar si nos encontramos ante un fraccionamiento de contratos, un informe que se encomendará tras las comparecencias que debe haber en la Comisión Extraordinaria de la Transparencia el próximo 19 de febrero.
