El Comú propone reservar un 30% de las nuevas promociones privadas a viviendas de titularidad pública y de protección oficial, que supondrían unas 200 viviendas por año

Publicado el Publicado en Comú de Lleida, Comunes, Notícias, Paeria.

Ante la situación de emergencia habitacional que vivimos, el Comú de Lleida propone al Pleno una moción con medidas para que el 30% de las viviendas de nueva construcción y de grandes rehabilitaciones sea protegido. Esta medida supondría entre 150 y 200 viviendas asequibles al año en Lleida. Las urgencias sociales que se derivan de la ejecución de desahucios y de las dificultades de muchos vecinos y vecinas para poder pagar el alquiler hacen necesario activar todos los mecanismos posibles para ampliar el parque de vivienda asequible.

La medida, aplicada ya en BCN, se desarrollará de acuerdo con la Ley de vivienda y tiene como referencia los ejemplos de París y Nueva York, donde ya aplican normativas similares, que, desde la colaboración y la corresponsabilidad con el sector privado, han permitido ampliar el parque de vivienda asequible.

Un paso determinante para revertir el proceso que ha normalizado la especulación inmobiliaria

Lleida sufre una nueva burbuja inmobiliaria que ha incrementado los precios, tanto de compra como de alquiler hasta niveles de 2007. Hay determinados sectores económicos que pretenden que la vivienda deje de ser un derecho social para convertirlo en objeto de especulación financiera.

El acceso a una vivienda digna es una emergencia social, curtida por la ejecución continuada de desahucios y las dificultades para pagar el alquiler, mientras se mantienen muchas viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Todo ello hace necesario -también desde el ámbito municipal- activar todos los mecanismos posibles para garantizar el derecho a una vivienda digna y en concreto, para ampliar el parque público de vivienda. Aunque las principales competencias en vivienda son estatales y autonómicas, desde los ayuntamientos también se pueden hacer políticas activas como han demostrado los gobiernos de Barcelona, ​​Badalona, ​​Terrassa, Sabadell, St Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat o Montcada i Reixac.

Ante la propuesta aprobada en Barcelona de reservar un 30% de las nuevas promociones privadas a viviendas de titularidad pública y de protección oficial, proponemos la aplicación de la medida en Lleida mediante la modificación del Plan General y de otras medidas para establecer la obligación de destinar el 30% del techo de los edificios sometidos a rehabilitación integral y de nueva construcción a viviendas de protección oficial.

 

Proponemos, vía moción, el Pleno del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:

  • El Ayuntamiento de Lleida llevará a cabo las acciones necesarias para que en todo nuevo edificio de Inmuebles residenciales construidos en suelo urbano y los sometidos a rehabilitación integral, tengan que realizar una reserva de al menos el 30% por vivienda de protección oficial, el cual se destinará prioritariamente a alquiler social. También instó a establecer los cauces necesarios para que la Administración Municipal pueda participar en la gestión así como Entidades del tercer sector.
  • Establecer excepciones cuando la propiedad sea de personas físicas que acrediten la necesidad de uso propio de la vivienda.
  • Buscar edificios y solares privados que extiende en desuso y valorar su compra o expropiación en Función de las disponibilidades presupuestarias, para destinarlos a uso residencial, con el fin de ampliar el parque público y social de vivienda de alquiler
  • Trabajar para que la Generalitat delegue, con recursos, las tareas de inspección y control del impuesto de pisos vacios, así como la Capacidad sancionadora.
  • Instar al Congreso y el Senado a acelerar la aprobación de la Proposición de Ley de Emergencia Habitacional en familias vulnerables para ampliar el Plaza mínimo de alquiler a cinco años y regular el precio del alquiler; que se realojan temporalmente a familias en emergencia en pisos vacios de la banca y combatir la pobreza energética, instándoles también a anular la suspensión de la Ley de la Vivienda 24/2015, procedente de una ILP con gran consenso social.
  • Instar al equipo de Gobierno a establecia un espacio de diálogo y construcción donde participan desde servicios sociales, urbanismo, participación, Asociación vecinales, Sindicatos, Entidades del 3er sector y Partidos políticos, que pueda convertirse en un Consejo Municipal de la Vivienda.

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