El Ayuntamiento de Lleida ha instado al fondo de inversión Gramina Homes, a través de un burofax, a que suspenda el desahucio previsto para el próximo lunes 22 de junio a una familia de Lleida en situación vulnerable. El ayuntamiento exige a este fondo buitre la oferta de alquiler social preceptiva, tal como marca la ley a los grandes tenedores. «Llegaremos donde haga falta para defender los derechos de los vecinos y vecinas de Lleida, si conviene imponiendo sanciones a los fondos buitres o entidades bancarias que se salten las Leyes de vivienda de Cataluña» ha avanzado el concejal de Vivienda Sergi Talamonte, quien ha añadido: «Ponemos las personas en primer lugar, por encima de cualquier interés económico de grandes tenedores, y defenderemos el derecho a la vivienda con todas las herramientas que tenemos al alcance».
La Ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda define como vivienda vacía aquel que ha ha sido permanentemente desocupada, sin causa justificada, durante más de 2 años, y advierte que, en viviendas vacías, se debe mantener la función social también en aquellas que hayan sido ocupadas sin título habilitante. Siguiendo las potestades que otorga dicha ley a los municipios, la Paeria ha comprobado esta situación anómala y el incumplimiento de la función social por parte del gran tenedor Gramina Homes. Por eso, la Paeria insta este fondo buitre a suspender el desahucio y requiere formalmente que en el plazo máximo de un mes adopten las medidas necesarias para cumplir la función social. De lo contrario estaríamos ante una vulneración de las leyes de vivienda mencionadas, pudiendo llegar a la imposición de multas con posible expropiación forzosa y sanción si hay una infracción.
Las administraciones locales hacen todo lo posible para revertir esta situación de emergencia habitacional, utilizando al máximo los limitados recursos económicos, humanos y legales disponibles para defender los derechos de las vecinas y los vecinos: asesorando e interviniendo desde la Oficina Local de Vivienda y frenando, si conviene con sanción, los usos antisociales de la propiedad, como los pisos vacíos de entidades financieras.
