La Concejalía de Vivienda y Transición Ecológica ha declarado en situación anómala 388 pisos vacíos que incumplen su función social, tal y como recoge la Ley del Derecho a la Vivienda. Aquellas viviendas que se encuentran en situación anómala por desocupación permanente injustificada durante más de dos años y, por tanto, se decrete que están en incumplimiento de la función social, se les aplicará un recargo del 50% en el IBI, cuando un mismo titular tenga dos o más.
El decreto de declaración de situación anómala de vivienda informa a los propietarios que pueden ceder a la administración pública el piso para que esta lo gestione en régimen de alquiler. El Ayuntamiento de Lleida, junto con la Empresa Municipal de Urbanismo, ofrece a los propietarios de una vivienda desocupada la opción de ponerlo en alquiler mediante la Red de mediación para el alquiler social, obteniendo una serie de ventajas, como son la formalización y seguimiento del contrato, seguros multirriesgo y de defensa jurídica, Avalloguer o bonificación del 90% del IBI, entre otros. Para más información pueden dirigirse al teléfono 973700606 o al correo electrónico oficinahabitatge@paeria.es
Si en 3 meses no resuelven la situación de desempleo se podrá imponer a los propietarios multas de 1000 euros mensuales en cumplimiento de la Ley del Derecho a la Vivienda. «En el contexto actual de emergencia habitacional no se puede permitir que los grandes tenedores tengan pisos vacíos, y haremos lo que nunca había hecho este ayuntamiento, hacer cumplir la Ley del Derecho a la Vivienda y activar de manera inmediata el cobro del recargo del 50% del IBI a aquellos pisos que lleven más de 2 años desempleados» ha explicado el concejal de Vivienda, Sergi Talamonte.
807 expedientes a viviendas
En total, la Paeria ha abierto expediente a 807 viviendas de la ciudad de Lleida, más de la mitad de los cuales han presentado alegaciones a los requerimientos que recibieron, que los servicios técnicos valorarán si llevan o no a un archivo del expediente. Los principales indicadores para determinar que estos 807 viviendas expedientados permanecen desocupados, de manera permanente e injustificada durante un plazo de más de dos años, son la falta de conexión al servicio de agua potable y el bajo o nulo consumo de agua que se constató en 500 de ellos. En los otros 307 casos, la prueba principal para abrir expediente ha sido la declaración del propio titular en el Registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante de la Generalitat de Catalunya.
Una vez se resuelvan las alegaciones, los servicios técnicos harán los informes procedentes por declarar las viviendas en situación anómala, y se procederá a firmar el correspondiente decreto de alcaldía.
