La concesionaria Arnó-Sice reclama más de 2 millones de euros a la Paeria después de que Àngel Ros subiera el umbral de sanciones a 65 km/h y aplazara más de 4 meses la puesta en marcha de los radares.
En 5 meses de radares y 10 de semáforos en rojo, los ciudadanos de Lleida han recibido multas que superan de largo el millón de euros. Como es sabido, la concesionaria del servicio, Arnó-Sice, se lleva el 31,5% del importe de cada una de las más de 20.000 multas que se han impuesto en este corto periodo de tiempo más el 5% de la recaudación por vía ejecutiva. En septiembre, esta UTE ya tenía garantizados ingresos por valor de 444.325 euros, una cantidad que cubría sobradamente la previsión de gastos de la empresa para todo el año, con todavía tres meses de margen para hacer más caja a golpe de multa.
Pero ni esta astronómica cantidad de multas, ni la “generosidad” del equipo de gobierno, cediendo casi un tercio del importe de cada sanción, parece haber saciado la concesionaria, que el pasado 8 de enero presentó un “informe de reclamaciones” que, en caso de prosperar, podría multiplicar por 5 los ingresos de esta empresa y, de paso, convertir los radares en una operación absolutamente deficitaria para la Paeria. Sólo hasta septiembre, la UTE reclama más de 2 millones de euros.
Una nueva evidencia que hace rechinar la colaboración público-privada a la que el alcalde Àngel Ros alude tan a menudo como ideal de funcionamiento de la administración local. Pese a la opacidad que mantiene en la gestión de los radares el equipo de gobierno, hemos conocido muchos datos que evidencian una gestión nefasta por parte de la Paeria, unas exigencias de Arnó-Sice, que tiene contrato para 4 años prorrogable a 2 más, desproporcionadas y del todo inasumibles y un puñado de incumplimientos tanto por parte de la empresa como del ayuntamiento. Con el camino aplanado por una oposición que no hace oposición, Ros había conseguido esconder lo que hay detrás de los radares hasta hoy. También seguiremos con lupa todo lo que pase a partir de ahora.
El punto de partida, un engaño
Durante la presentación de los radares, la Paeria hizo público que multaría a partir de los 55 Km/h, en base a la tolerancia que establece la normativa de tráfico vigente, de entre el 4 y el 7% de la velocidad. Un mensaje que no se ajustaba en absoluto a la realidad, ya que el propio alcalde de Lleida dio órdenes expresas de que los radares sólo multaran a aquellos vehículos que superasen los 65 Km/h. Ni estudios previos, ni normativa ni criterio técnico alguno: quien determinó cual era el umbral de velocidad máximo permitido fue Àngel Ros, obsesionado en evitar a toda costa un alud de multas a las puertas de un año electoral.
Más allá de las dudas de seguridad que genera permitir que un vehículo circule dentro de la ciudad a 64 km/h, la imposición del alcalde tiene otras consecuencias. Como era de prever, la concesionaria no se quedó de brazos cruzados ante la permisividad de Ros e hizo uso del mecanismo de compensación que establece el contrato cuando, por causas imputables al ayuntamiento, no se validan sanciones. En estos casos se establece que Arnó-Sice percibirá 9 euros por cada expediente no validado. Así pues, la concesionaria reclama 9 euros por cada foto de exceso de velocidad de entre 55 y 64 km/h. Pese a que la empresa reconoce que en el Pliegue del Contrato da potestad a la Paeria para establecer el umbral de los 65 km/h, en sus propuestas de certificación (recopilación mensual con el importe de las multas) de mayo a agosto, la UTE reclama 981.871 euros por las sanciones que se tendrían que haber impuesto a los que iban a menos de 65 km/h.
Ros aplaza el estreno de los radares ante la denuncia de CiU por mala señalización
Si la activación de los radares se hizo pública el 19 de agosto, ¿cómo puede ser que la concesionaria reclame multas de radar ya en mayo? Pues porque la empresa entiende que tiene que cobrar su parte de las multas desde el momento en el que pusieron en funcionamiento los radares, que fue en la segunda quincena de abril.
Pero Àngel Ros paró máquinas ante la evidencia de que la señalización de los radares era deficiente, un hecho que, como remarcó CiU el 5 de mayo, invitaba a pensar que había un evidente afán recaudatorio. Otra chapuza fruto de la improvisación que, si se atiende la petición de la UTE, costaría casi un millón de euros. Es el principal concepto de una larga lista de reclamaciones que desgranamos seguidamente.
Un radar móvil que no se mueve
En el garaje de la Guardia Urbana hay, desde el pasado 6 de mayo, un vehículo aparcado que no hace nada más que coger polvo. Se trata del flamante radar móvil. Como establecía el Pliego de condiciones, Arnó-Sice suministró este vehículo y ahora reclama que se le paguen 9 euros “por cada infracción que no se ha generado con el equipo de radar embarcado, por el hecho de no utilizarlo”. ¿Cómo se puede pagar por multas inexistentes? Muy sencillo, haciendo una estimación de las sanciones que podría haber impuesto el radar móvil tomando como referencia “la medida mensual de las infracciones captadas por los radares fijos”. Resultado: entre mayo y septiembre, un total de 319.891 euros para compensar las sanciones que ha dejado de cobrar la empresa por la inactividad del radar móvil.
Otro concepto destacado dentro del saco de las reclamaciones son los 580.148 euros que, según la UTE, corresponden a las sanciones (estimadas) que el sistema no registró a los conductores que iban a menos de 65 km/h en mayo, ya que durante el primer mes, el sistema no registraba nada por debajo de esta velocidad. Con cantidades así, parece una minucia la reclamación de 53.210 euros por sanciones de semáforo en rojo que la Guardia Urbana descartó por defectos en la fotografía y que la concesionaria argumenta que tienen que ser correctas. La suma total de la certificación reclamada por la UTE hasta el mes de septiembre es de 2.305.510 euros.
Ni la Paeria ni la empresa cumplen con las obligaciones firmadas
La Paeria, una vez descontado lo que paga a la empresa, percibe el resto, el 68,5% de cada sanción. La estimación de ingresos para el ayuntamiento, en septiembre del 2014, superaba los 650.000 euros. ¿Para qué tiene que servir este dinero? El Pliego del Contrato establece que los ingresos de las sanciones obtenidas por infracciones de la Lei de Tráfico se deben aplicar a la financiación de la seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas. ¿Puede documentar el señor Àngel Ros que el dinero generado por los radares se está destinando y se destinará a esta finalidad? ¿Puede explicar por qué a 30 de noviembre de 2014, de los 350.000 euros presupuestados en “gestión de seguridad vial” sólo hay 37.114,61 de “gasto autorizado”, apenas el 10% de lo previsto?
El contrato también obligaba a Arnó-Sice a hacer unas inversiones que no se están cumpliendo, como por ejemplo la mejora del sistema de control de tráfico, que, con un importe de 87.642 euros, tendría que haber estado lista el pasado mes de octubre, aunque ni siquiera se ha iniciado. Idéntica situación vive la “inversión en conexiones y comunicaciones”, que no ha visto ni un euro de los 73.450 que se tienen que destinar. La empresa también tendría que haber acabado (durante el primer año de contrato, que se cumplió el 22 de noviembre de 2014) la semaforización de la rotonda de delante del cementerio (42.165 euros).
También está aparcada en un cajón la instalación de cámaras de control (a estas alturas tendría que haber puesto en funcionamiento 4 por valor de 9.303 euros), los 4 pasos elevados de peatones (13.500 euros) y el suministro, por valor de más de 15.000 euros, de etilómetros, pda’s (para generar multas) y diferentes elementos de control.
De la larga lista de inversiones comprometidas, Arnó-Sice sí que ha cumplido con el mantenimiento semafórico y, evidentemente, con los elementos que generan ingresos, como son los radares fijos, el foto-rojo y el radar móvil, además de la gestión de las infracciones.
Ros: ineficiencia, opacidad y facturas para la ciudadanía
Nuestro alcalde presume de buena gestión cuando la realidad evidencia que su tarea de gobierno es ineficiente y está mal hecha. El alcalde apuesta por privatizar servicios públicos, algunos de ellos esenciales, y lo hace mal, con condiciones confusas que generan pleitos constantes en los que siempre sale perdiendo la ciudadanía. El alcalde presume de honestidad al tiempo que esconde información y manipula la opinión pública solamente por egoístas intereses electorales.
El alcalde muestra una actitud cobarde ya que, ante las denuncias, se esconde, evita dar la cara y menosprecia la ciudadanía que pide saber lo que sucede en la ciudad.
Ante este despropósito, desde el comúdelleida (www.comudelleida.cat) exigimos explicaciones públicas al alcalde Àngel Ros. Exigimos que a partir de ahora cumpla con sus obligaciones como servidor de la ciudad y que lo haga atendiendo a las prioridades de la ciudadanía, con toda la transparencia y honestidad que entendemos que merece la gente de Lleida.
comúdelleida, 17 de enero de 2015
