Continuamente los partidos de derecha de este país presionan para que el Estado aplique con urgencia el artículo 155 de la constitución a los catalanes, pero nada dicen de aplicar el artículo 1 de la Carta Magna que dice: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político «. Y, casualmente, la Comisión Europea no hace muchos días anunció que España es uno de los países con más desigualdad de la Unión Europea. Nada dicen del cumplimiento urgente de este artículo que es el primero del texto, el más fácil de encontrar, porque no hay que buscarlo en medio de todo el articulado.
O del artículo 14 que dice: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Pero multitud de indicadores ponen de manifiesto la clara discriminación de la mujer en prácticamente todos los ámbitos, incluso la misma Carta Magna en su artículo 57.1 que hace una discriminación clara de la mujer en la sucesión de jefe de estado, que por supuesto debe ser Borbón.
O el artículo 20 que dice: «Se reconocen y protegen los derechos a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros». Pero con la Ley de Protección de seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) o las últimas reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal se cargan de golpe del artículo, que lo digan los artistas que están enjuiciados o fuera del país para no ser encarcelados.
O el artículo 31 que dice: “Todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Tampoco se cumple: ni las grandes corporaciones empresariales pagan proporcionalmente los beneficios que obtienen, ni las pequeñas y medianas pagan menos impuestos, ni las grandes fortunas pagan proporcionalmente más ni las clases medias y bajas pagan menos. De nuevo se incumplen sistemáticamente los principios de igualdad y progresividad.
O el artículo 35 que dice: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. El incumplimiento de este artículo no hace falta ni comentarlo. Todos tenemos amigos o familiares que o no trabajan o trabajan en precariedad.
O el artículo 47 que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Sin comentarios, 580.000 españoles están atrapados con unas hipotecas que valen más que sus viviendas, y aparte se producen 187 desahucios diarios.
O el artículo 48 que dice: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.Ahora bien, según Eurostat, la tasa de paro entre los jóvenes de hasta 20 años es del 50,5%, según la última EPA. Nuevamente se incumple uno de los artículos más necesarios para el desarrollo como país moderno.
O el artículo 50 que dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Pero la hemeroteca es tozuda, porque las dos reformas recientes del sistema de pensiones, del Zapatero (PSOE) en 2011 y la de Rajoy (PP) en 2013 han reducido los derechos de los pensionistas y han mermado su poder adquisitivo vertiendo a la pobreza más extrema muchos trabajadores que han convertido pensionistas y que hicieron un gran esfuerzo para hacer flotar el país en tiempos de la posguerra civil.
O el artículo 51 que dice: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. De nuevo la hemeroteca pone al descubierto el flagrante incumplimiento de la Carta Magna y podríamos poner unos cuantos ejemplos bien significativos: Desde el aceite de colza adulterado, al dieselgate, desde las cláusulas suelo a las preferentes- o bien, de restricciones al libre mercado o la libre competencia por parte de algunos oligopolios: la luz, los carburantes, la telefonía, etc.
Desafortunadamente nuestros políticos de la caverna no hablan nunca del cumplimiento de todo el articulado constitucional, poco les importa la gente, en realidad parece que utilizar la Carta Magna para destruir al enemigo político es su única razón.
Francesc Beà Bessó
