El Comú propone que la EMU asuma la supervisión de los servicios públicos externalizados y pueda emprender procesos de remunicipalización

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El Comú de Lleida ha presentado en la Junta General del EMU una propuesta para dotar de mayor utilidad social este organismo, que incorporaría entre sus funciones la de supervisar el cumplimiento de pliegos en todos los Servicios Públicos externalizados y poder emprender procesos de remunicipalización que abran las puertas a subrogar los trabajadores de las concesionarias de forma que puedan mantener las condiciones laborales.

De la EMU al EMSU, cambios para una mayor utilidad pública

La propuesta del Comú empieza por la modificación de los Estatutos de la EMU que pasaría a ser Empresa Municipal de Servicios y Urbanismo (EMSU) y que -sin dejar de lado sus objetivos actuales- incorporaría la gestión de los servicios públicos de titularidad municipal que la ayuntamiento no preste directamente. El EMSU también se encargaría de la realización de estudios económicos, jurídicos y técnicos para gestionar y mejorar los servicios públicos así como la redacción de proyectos de recuperación de la gestión del ciclo del agua y similares, sin más limitaciones que las impuestas por la Junta General.

La propuesta del Comú, también establece que se mantiene un control político ya que corresponde a la Junta General la decisión del modelo de gestión de los servicios públicos de titularidad municipal que el ayuntamiento de Lleida no preste directamente. Al Consejo de Administración le corresponderá el seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones de las concesiones, como la de luz, buses, parquímetro, radares o agua, entre otros. El Consejo también velará, en caso de incumplimientos, para llevar a cabo las penalizaciones estipuladas. También será potestad suya la de proponer a la Junta General la rescisión de contratos de servicios públicos municipales por criterios económicos, técnicos, de eficiencia o mala praxis laboral, fiscal o mercantil del adjudicatario o del subcontratista.

Todos estos cambios conllevan una gestión empresarial beneficiosa como existe la obligación de rendir cuentas, aumentando el control y la eficiencia. Con la supervisión por parte del EMSU se podrán evitar situaciones de opacidad e incumplimiento de pliegos como las que el Común de Lleida ha denunciado en concesiones como la de radares o la del agua, entre otros, que han acabado dilapidando dinero público.

En cuanto a los derechos laborales, conviene remarcar que, según la propuesta del Comú, los trabajadores que sean subrogados por la EMSU al finalizar los contratos vigentes, mantendrán su antigüedad y condiciones laborales.

En la propuesta del Comú, la EMU mantendría su función en el ámbito del urbanismo y la construcción, así como en las políticas municipales de vivienda, que apostamos que tengan un gran impulso que permita, en colaboración con todas las administraciones, atender la actual emergencia habitacional.

El Comú ha expresado durante este mandato la voluntad de cerrar la EMU, una propuesta que ha sido inviable dadas las mayorías al pleno. Ante la continuidad de este organismo, por responsabilidad hacemos esta propuesta que tiene que hacer viable la EMU y debe permitir enjugar su deuda, esperando que todos los grupos municipales se sumen a la voluntad de que este organismo municipal gire el timón y trabaje desde la eficiencia para el bien común.

 

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