El Comú de Lleida considera que la modificación del contrato del Consell Comarcal del Segrià con Alessa para incrementar el precio de servicio en 10.352 euros incumple el contrato, que establece que es la empresa concesionaria quien debe asumir estos gastos.
El decreto del Consell establece que dos centros han de cubrir gastos que no les corresponde sufragar:
- En la escuela la Amapola (Rosselló) aprueban cubrir un monitor extra costeado a cargo del Consell Comarcal.
- En la escuela CEE Esperanza (Lleida) ponen un auxiliar de cocina y un monitor, pero en este caso se paga con un aumento de precio del menú a los alumnos lo que es aún más grave dado que el contrato fija el precio del menú en 6,20 €.
Valoramos que es necesario reforzar el monitoreo en los dos casos, e incluso se debería haber hecho antes y no cuando el curso está a punto de finalizar. Pero nunca con un aumento de precio del contrato ya que el contrato, en el artículo 25, establece como obligación del adjudicatario «asumir durante la vigencia del contrato cualquier cambio debido a variaciones de horarios, turnos del servicio, o variaciones del número de alumnos que implique un incremento o disminución de personal (monitores, cocineros y / o auxiliares de cocina y servicios) así como los posibles cambios en la modalidad de la prestación del servicio».
El hecho de que haya un desequilibrio económico en una escuela en ningún caso puede justificar un incremento del precio de comedor, ya que el contrato precisamente se hizo en conjunto de todas las escuelas de la comarca para compensar el desequilibrio de las escuelas deficitarias con el gran beneficio que supone la gestión de las escuelas con más alumnado.
Si este aumento de precio se consolida afectará a todo el curso 2018/2019 (y los siguientes) con un aumento de precio del contrato muy superior. Pensamos que el Consell Comarcal debe velar por el interés de los usuarios y por ello exigimos que se cumpla el contrato y sea la concesionaria quien asuma estos gastos. El decreto se firmó el mismo día que se reunía la comisión de seguimiento, que no fue informada del cambio, lo que consideramos del todo reprobable.
Recordemos que la adjudicataria lleva dos años incumpliendo la obligación de aportar la documentación contable sobre sus beneficios, una infracción grave según el punto 14 del contrato: «No presentar anualmente al Consejo Comarcal, para su fiscalización por la Intervención, y antes de terminar el plazo para presentar la autoliquidación del impuesto de sociedades, la cuenta de pérdidas y ganancias aprobado por el órgano competente de la empresa y presentado en los registros que correspondan, en el que cuenta se diferencien las partidas de este contrato y del resto de servicios complementarios; o bien no presentar en el mismo plazo el balance de situación del año vencido; ambos documentos contables referidos exclusivamente al servicio objeto de este contrato».
El Comú de Lleida lleva dos años exigiendo esta documentación.
Pleno del Consell Comarcal, 3 febrero de 2017.
